Un grupo de habitantes habían presentado la acción. Allí argumentaron que la decisión del Poder Ejecutivo Nacional afectaba la seguridad personal de cada uno de ellos y la de sus familias. La jueza federal Rita María Ailán consideró que no tenían legitimación.
Ahora pasarán a funcionar bajo el Centro Internacional para la Promoción de Derechos Humanos (CIPDH), tal como lo dispuso el Gobierno Nacional mediante el Boletín Oficial. También elimino y reestructuró a otros organismos como el Instituto Nacional del Teatro, la CONABIP, el Museo Nacional de Bellas Artes, Tecnópolis, y otros.
La jueza federal Martina Isabel Forns hizo lugar parcialmente a una medida cautelar, por considerar que el Decreto 461/25 establece previsiones que limitan y condicionan el principio de estabilidad en el empleo público, en los derechos laborales y sindicales de los trabajadores de vialidad.